Proyecto de Presupuesto para el 2025. No solo se trata de ajuste económico, sino de recorte de derechos.

El presidente Milei presentó ante la H. Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley que da sustento al Presupuesto del año 2025. Propone, entre otros recortes, ajustar el monto de dinero que el Estado pretende asignar destinado a las pensiones para las personas con discapacidad previstas por la Ley 13.478 y sus Decretos reglamentarios y modificatorias, denominadas Pensiones por Invalidez para personas con bajos recursos.

Según datos oficiales, la cantidad de personas que fueron reconocidas con este derecho y que actualmente cobran su pensión ascienden a 1.223.864, lo que representa solo un 2,7 % de la población argentina (ANSES, junio 2024). A pesar de ser cuestionadas estas cantidades como un “festival de pensiones” por los voceros del oficialismo, apenas si alcanzan al 24% de los habitantes con discapacidad, que en el país asciende a 5.114.190 de acuerdo al Censo de Población 2010. Lo que hacen con las jubilaciones, pretenden repetirlo en las pensiones para las personas con discapacidad.

Claramente se  anuncia, además de un ajuste, un recorte de este derecho, lo que supone un claro retroceso en el cumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD), leyes 26378 y 27044, haciendo caso omiso a lo que expresara en marzo de 2023 el Comité de la CDPCD mediante las Observaciones Finales CRPD/C/ARG/CO/2-3, en donde se refiere el poco acceso de las personas con discapacidad a la pensión no contributiva por “invalidez, y las demoras en su tramitación”.  Y recomienda al Estado: 

“a) Incrementar sus acciones para eliminar las barreras que dificultan el acceso de las personas con discapacidad a la pensión no contributiva por “invalidez”, incluyendo continuar flexibilizando los criterios para su otorgamiento, simplificando el trámite y asignando mayor presupuesto;

 b) Reformar la legislación en materia de pensión no contributiva por “invalidez” para reemplazar el modelo médico por el de derechos humanos, cambiar su nombre, aumentar el monto a al menos el salario mínimo vital y móvil, y permitir la percepción de otros ingresos. 

c) Reforzar el sistema de protección social basado en la Convención para garantizar un nivel de vida adecuado a las personas con discapacidad en todo el país, y cubrir los costos adicionales relacionados con la discapacidad; 

d) Asegurar que las políticas de reforma económica y los acuerdos de préstamo relacionados no impacten negativamente sobre los derechos de las personas con discapacidad y su acceso a los servicios sociales.”

Eliminación de 192.372 personas del derecho a la pensión

La cantidad de personas previstas presupuestariamente para esta asignación para el año 2024 es de 1.226.819 y para el 2025 de 1.034.447, lo que significa 192.372 personas que se quedarían sin la pensión y con ello sin el acceso al Programa Incluir Salud que brinda la posibilidad de tratamientos de rehabilitación, medicación, tecnología de apoyo, entre otros servicios. Estos servicios no están disponibles de otro modo para las personas con discapacidad  

¿Cómo explicará a las 192.372 personas con discapacidad que dejarían de cobrar su pensión a pesar de que su derecho fue legalmente reconocido y ningún funcionario puede arbitrariamente desconocerlo?Un recorte del 16 % contra quienes tienen menos recursos para defenderse ¿Cómo se llama a quien se hace uso de su posición de poder frente a personas sin defensa? 

Esta reducción y exclusión preanuncia dos posibilidades igualmente inquietantes: o se trata de otra de las tantas inconsistencias de cifras económicas o es una decisión a efectos de excluir y desconocer el derecho de miles de argentinos y argentinas con discapacidad.

En este caso la inhumanidad es indisimulable,  ya que al recortar el presupuesto estaría eliminando de un derecho vital para muchas personas con discapacidad. Solo un sistema eugenésico como el implementado por Hitler se animó a tanto con su operación T 4:  “los que sobraban” al decir de Götz Aly.

Si el biopoder es la capacidad de hacer que algunos mueran y otros vivan, entonces debemos prestar atención a qué vidas importan en esta medida. Huérfano de ética y justicia, este presupuesto que explícitamente excluye a personas que tienen menos recursos para defenderse es la prueba fehaciente que en lugar de buscar la inclusión de todos y todas solo se busca beneficiar a unos elegidos, aumentando la exclusión, la desigualdad y la injusticia. 

Comisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad

Instituto Patria