En un contexto de graves retrocesos en derechos humanos, este 3 de diciembre reafirmamos nuestro compromiso indeclinable con la dignidad, la igualdad y la justicia para las personas con discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es ley en nuestro país. Su cumplimiento no es optativo: es una obligación del Estado.

Hoy es imprescindible recordar que:
El modelo médico hegemónico no es el parámetro válido para definir la vida, los apoyos ni los derechos de las personas con discapacidad.

El asistencialismo no sustituye la garantía efectiva de derechos.
La empatía no reemplaza la idoneidad en la gestión pública ni justifica decisiones sin formación ni responsabilidad.

El desconocimiento deliberado de estos principios permitió instalar discursos que estigmatizan a las personas en situación de (dis)capacidad, tratándolas como “impostoras”, “costosas” o “no capaces”. Esta construcción falsa habilitó políticas regresivas: quita de pensiones, demoras y obstáculos para acceder a prestaciones básicas, y evaluaciones centradas en patologías en lugar de en las barreras que impone el entorno.

A ello se suma la falta de una nueva Ley de Discapacidad acorde a la Convención, excusada bajo el argumento de que “no hay plata”, mientras se vacían fondos específicos y se multiplican los costos de medicamentos esenciales, llegando en algunos casos a cifras inaceptables e injustificadas.

Exigimos gestión, idoneidad y respeto.
Las políticas públicas de discapacidad no pueden seguir siendo el refugio de la incompetencia. Necesitamos funcionarios formados, responsables y comprometidos con el modelo social y los derechos humanos.
Las personas con discapacidad, sus activistas y organizaciones no vamos a callarnos más:
No aceptaremos la segregación educativa bajo pretexto de falta de recursos o estrategias.
No permitiremos que ninguna institución nos empuje a mendigar apoyos que son derechos.
No cederemos en la exigencia de ajustes razonables en todos los ámbitos.
No dejaremos pasar ninguna iniciativa legislativa o administrativa que contradiga la Convención.

Hoy afirmamos con claridad:
La discapacidad en Argentina está en EMERGENCIA.

No es una figura retórica. Es la consecuencia directa de decisiones que empobrecen, excluyen e invisibilizan.

En pleno siglo XXI, exigimos políticas públicas que honren la Convención, respeten la dignidad humana y garanticen igualdad real. No aceptamos menos. No retrocedemos.

Comisión de Derechos de las Personas con Discapacidad.