La Comisión de Defensa de los Derechos de las Personas Mayores del Instituto PATRIA presentó un informe alarmante sobre la situación de los jubilados en Argentina. Según el estudio, mientras la inflación anual llegó al 31,5%, los diez medicamentos más consumidos por adultos mayores registraron subas promedio del 29,7%, con casos críticos como el Aldactona A (para la hipertensión) que aumentó un 33,6%. Esta suba de precios, por encima del promedio general de la canasta de salud, pone en jaque los tratamientos de las patologías cardíacas, principal causa de muerte en nuestro país.

El informe denuncia que la crisis se agrava por el estancamiento de los ingresos y los recortes en la cobertura del PAMI. Con el bono de $70.000 congelado desde marzo de 2024, la jubilación mínima —que en diciembre de 2025 alcanzó los $410.880— ha perdido gran parte de su poder de compra. A esto se suma la eliminación de la cobertura del 100% en 55 medicamentos esenciales y la imposición de requisitos de ingresos más restrictivos, dejando fuera del beneficio de gratuidad a una parte sustantiva de la población mayor.

Las consecuencias de estas políticas son devastadoras: en 2025 se dispensaron 20 millones de unidades de medicamentos menos que en el mismo período de 2023. Esta caída no representa una menor necesidad sanitaria, sino la imposibilidad material de los abuelos para costear sus remedios, lo que ha llevado a la interrupción de tratamientos crónicos y para el dolor. El estudio vincula esta falta de acceso con un dato trágico: el Ministerio de Salud registró un aumento de 21.887 muertes de personas mayores de 60 años en comparación con el año anterior. El acceso a la salud es un derecho, no un gasto prescindible.

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