Con la adhesión y la participación de las Comisiones de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de Inclusión y Desarrollo Social del Instituto Patria, junto a más de 250 organizaciones y personas de todo el país, se expresó un enérgico rechazo y repudio a las manifestaciones realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad el pasado 30 de abril, por considerarlas falaces e hipócritas.

El comunicado apoya la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad ante la absoluta ausencia de políticas públicas del gobierno de Javier Milei que garanticen los derechos de las personas con discapacidad.

Manifiesta que es falso que la Agencia Nacional de Discapacidad esté comprometida con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPC), ya que bajo la excusa de ordenar el sistema y auditar casos sospechosos de otorgamiento de pensiones, solo se restringió y limitó el acceso a los derechos ya otorgados.

Se le recuerda y reitera al Estado Argentino, lo expresado por el Comité de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD) de las Naciones Unidas en el 2024, en relación con los retrocesos y el incumplimiento de obligaciones internacionales detectadas desde el inicio de la gestión del gobierno que encabeza Javier Milei:  

• Cierre del INADI, contrario al artículo 4 y 6.
• Desmantelamiento de la ANDIS, con despidos incluso de trabajadores con discapacidad, en violación de los artículos 1 al 4 y 33.
• Cierre de Centros de Acceso a la Justicia, afectando la asistencia en temas de discapacidad, incumplimiento de los artículos 12 y 13.
• Intento de reforma regresiva de la Ley de Salud Mental a través de la Ley Ómnibus, contraria a los artículos 14 y 19.
• Ausencia de políticas de salud y eliminación de pensiones, dejando sin cobertura médica ni medicamentos, y sin actualización de valores ni nomenclador. Incumplimiento de los artículos 25 y 28.

El comunicado exige al gobierno nacional el pleno cumplimiento de la Convención de los Derechos de las personas con Discapacidad y la adopción efectiva del modelo social de la discapacidad, que implica la implementación de políticas públicas reales, orientadas a garantizar la autonomía, la inclusión y la dignidad de las personas en situación de discapacidad, y no su abandono mediante la ausencia del Estado. 

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