Desde la Comisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Instituto Patria expresamos nuestro más enérgico rechazo a la decisión del gobierno de Javier Milei de avanzar en la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y de reinstalar políticas públicas basadas en el modelo médico de la discapacidad.

El retorno a una mirada asistencialista y medicalizante no solo desconoce décadas de lucha del colectivo de personas con discapacidad y de sus familias, sino que además reinstala prácticas que históricamente han promovido la exclusión, la tutela y la vulneración sistemática de derechos.

Esta medida constituye un grave retroceso en materia de derechos humanos, en tanto supone un claro apartamiento del modelo social de la discapacidad, consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, instrumento con jerarquía constitucional en nuestro país.( art. 75 inc 22, Constitución Nacional).

Resulta inadmisible que, frente al escándalo generado por las presuntas irregularidades y delitos cometidos en el ámbito de la ANDIS, la respuesta del gobierno sea la eliminación del organismo en lugar de asumir la responsabilidad que le cabe al Estado de proceder a la investigación exhaustiva, la identificación de responsabilidades y la correspondiente sanción a los responsables políticos y administrativos. El desmantelamiento institucional no combate la corrupción: por el contrario, la encubre y sin duda castiga, una vez más, a quienes requieren de políticas públicas para garantizar una vida digna.

La supresión de la ANDIS vulnera el principio de no regresividad en materia de Derechos Humanos y el rol indelegable del Estado en la protección de los derechos y profundiza la desigualdad estructural. No constituye una solución, sino otra medida más que refuerza el abandono del Estado en la protección, promoción y garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Como ciudadanos y ciudadanas reivindicamos políticas públicas construidas con participación activa, transparencia y enfoque de derechos humanos, y rechazamos decisiones unilaterales que profundizan la desigualdad y la incertidumbre social.

Defender la Convención y el modelo social de la discapacidad es defender la democracia, la inclusión y la justicia social y reconocer la valiente lucha histórica por los derechos del colectivo de personas en situación de discapacidad.

Ni un paso atrás en derechos. Ni una persona con discapacidad menos.

Comisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad
Instituto Patria