Desde la Comisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Instituto Patria , manifestamos nuestra profunda preocupación ante el proyecto de “Ley contra el fraude de pensiones por invalidez”, actualmente en tratamiento en el Honorable Congreso de la Nación.

Si bien reconocemos la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la asignación de recursos públicos, advertimos que las modificaciones propuestas implican un cambio sustantivo en el enfoque de las políticas de discapacidad, desplazando el paradigma de derechos hacia una lógica de restricción, fiscalización y condicionamiento del acceso a prestaciones esenciales.

El proyecto introduce medidas tales como auditorías masivas, reempadronamientos obligatorios y la incompatibilidad absoluta entre pensión y empleo formal, que pueden generar efectos regresivos sobre las condiciones de vida de las personas con discapacidad, particularmente en los sectores más vulnerables. Estas disposiciones corren el riesgo de traducirse en la suspensión o pérdida de beneficios por razones administrativas, más que por la inexistencia de una situación de discapacidad.

Asimismo, la descentralización del financiamiento y la redefinición del concepto de universalidad pueden profundizar las desigualdades territoriales, afectando el acceso equitativo a prestaciones de salud, rehabilitación e inclusión social.

Recordamos que el Estado argentino ha asumido compromisos internacionales a través de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece la obligación de garantizar el pleno ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, promoviendo la autonomía, la inclusión laboral y la participación social de las personas con discapacidad.

En este marco, instamos a las autoridades legislativas a:
● Revisar los aspectos regresivos del proyecto, asegurando su adecuación a los estándares de derechos humanos.
● Garantizar mecanismos accesibles, inclusivos y no excluyentes en los procesos de auditoría y reempadronamiento.
● Promover la compatibilidad entre pensión y empleo como herramienta de inclusión.
● Asegurar un financiamiento equitativo que evite profundizar las desigualdades entre jurisdicciones.
● Incorporar la participación activa de las organizaciones de personas con discapacidad en el debate y diseño de las políticas públicas.
Reafirmamos nuestro compromiso con una sociedad más justa e inclusiva, donde las políticas públicas no retrocedan en derechos conquistados, sino que avancen hacia su plena efectivización.

Comisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad
20 de abril 2026

Imagen autoría de Autores : Claudio Bernardez / Agustín Iriart